El retiro de la reforma fiscal el pasado octubre dejó un sabor amargo en la boca de la sociedad dominicana, y directamente ha perpetuado el estado complicado de las finanzas públicas, pues aún permanece la necesidad de reducción del déficit y endeudamiento público.  

Varios factores dificultan la reapertura de un diálogo formal sobre la reforma a las finanzas públicas, pero sin dudas, uno de los más complicados es el alto nivel de informalidad y comercio ilícito en la economía. La informalidad incluye entre sus distintos matices, a empresas e individuos quienes no formalizan sus operaciones, con el objetivo de aumentar ganancias a través de esquemas ilícitos. Esto representa una competencia desleal en grave detrimento de los sectores formales que sí pagan, e impacta las expectativas de recaudación del estado.  

Este es un problema creciente en República Dominicana que impacta el crecimiento económico, la mitigación de la pobreza, y la competitividad empresarial, y requiere de una estrategia multisectorial a largo plazo.

Informalidad en República Dominicana 

Según datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), al segundo trimestre del 2024 la informalidad laboral en el país alcanzó un 56.1%, por encima del promedio regional de 54.3%. De la misma forma, de acuerdo con la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, en el periodo 2022-2023, el 85.2% de las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) eran informales.  

Los empleados informales no cuentan con los beneficios de ley como un seguro de salud, seguro por riesgo laboral y el aporte a la pensión, lo que se traduce en una menor calidad de vida para el trabajador. La informalidad también es una de las mayores barreras a la innovación y crecimiento de los negocios, imposibilitando acceso a capital en la banca.  

Comercio ilícito

La República Dominicana ha enfrentado el comercio ilícito por medio de iniciativas público-privadas que han demostrado ser eficaces en el combate de este matiz de la informalidad. El mejor ejemplo de esto es la creación del Consejo Interinstitucional de Prevención del Comercio Ilícito, un consejo público-privado compuesto por las principales instituciones de fiscalización y los gremios empresariales de los sectores regulados, creado bajo la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Desde este consejo, se generaron una serie de acciones estratégicas que fueron exitosas en reducir el comercio ilícito de los sectores representados en ella (tabaco, bebidas alcohólicas, combustibles y medicamentos).  

Sin embargo, estos avances se limitan a la aplicación de la mencionada ley, y excluye los demás sectores que continúan siendo abatidos por el creciente comercio ilícito. En particular, el sector comercial el cual se encuentra amenazado por empresas irregulares de capital chino, muchas de las cuales representan una importante competencia desleal para el comercio formal, reduciendo los ingresos del estado por incumplimiento de requerimientos aduaneros y fiscales, y poniendo en riesgo la salud de los consumidores.  

El incumplimiento de las leyes, regulaciones y requerimientos fiscales les permite a estos comerciantes vender a precios muy por debajo del mercado formal. Esto crea una amplia brecha de competencia desleal, disminuyendo las ventas del sector formal que sí paga impuestos, lo que se traduce en miles de millones de pesos que el gobierno deja de percibir. 

El comercio ilícito en este caso se diversifica, pudiendo presentarse en distintas modalidades: 

Evasión. Comerciantes que evaden impuestos mediante declaraciones nulas o falsas, con valores por debajo de los montos reales. Esto provoca pérdidas millonarias para el estado al dejar de percibir los impuestos con los que son gravadas estas actividades. 

Contrabando y subvaluación. El comercio ilícito chino introduce productos al mercado dominicano a través de contrabando, evadiendo los impuestos al utilizar declaraciones aduaneras con información falsa y/o menor a los montos reales al momento de importar, subvaluando el valor de la mercancía, lo que resulta en el pago de menores aranceles.  

Falsificación. El comercio ilícito chino ha extendido su alcance a la falsificación de productos del sector farmacéutico y cosmético. Esto es un riesgo para la salud de los consumidores, ya que estos productos no cumplen con los estándares mínimos de calidad requeridos por las autoridades, y a la vez infringe los derechos de propiedad industrial de las marcas afectando inversiones de las empresas formales.  

Violación de derechos laborales. Empresas de capital chino han sido acusadas en distintas ocasiones en los últimos años por violaciones de derechos laborales, incluyendo violaciones al salario mínimo y disfrute de vacaciones, la contratación de mano de obra irregular, jornadas de trabajo excesivas, así como violación a la regla 80-20, que establece un mínimo de 80% de los empleos generados por una empresa deben ser ocupados por dominicanos. 

Inobservancia de requisitos y permisología. Muchas de estas empresas informales incumplen todas las reglas establecidas en las regulaciones locales.   Esto a la vez crea una desventaja y distorsiona el mercado formal.  

Acciones del gobierno

La República Dominicana ha enfrentado el comercio ilícito por medio de iniciativas público-privadas que han demostrado ser eficaces en el combate de este matiz de la informalidad. El mejor ejemplo de esto es la creación del Consejo Interinstitucional de Prevención del Comercio Ilícito, un consejo público-privado compuesto por las principales instituciones de fiscalización y los gremios empresariales de los sectores regulados, creado bajo la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Desde este consejo, se generaron una serie de acciones estratégicas que fueron exitosas en reducir el comercio ilícito de los sectores representados en ella (tabaco, bebidas alcohólicas, combustibles y medicamentos).  

El gobierno dominicano ha anunciado una serie de medidas enfocadas en la lucha contra la evasión fiscal y continuar apoyando la lucha contra el comercio ilícito, incluyendo la creación de perfiles de riesgo, buscando reducir la evasión de ITBIS e ISR, un censo de contribuyentes por la Dirección General de Impuestos Internos que llevará a fiscalizaciones masivas y auditorías y la implementación de un nuevo sistema de percepción de rentas, que buscará anticipar los impuestos que deba pagar el comprador como contribuyente final. Por igual, se ha comentado que se estará eventualmente revisitando y modificando el proyecto de reforma fiscal que fue retirado.  

Sin embargo, estas medidas son insuficientes.  Para lograr una mejoría en el estado de las finanzas públicas, es necesario implementar cambios estructurales enfocados en la formalización de la economía, la reducción de la evasión y la lucha contra el comercio ilícito. Entre ellas se destacan: 

1. Promoción de un marco legal que garantice la competencia leal: igualdad de condiciones para todos los comerciantes. 
2. Fortalecimiento el intercambio de estadísticas entre sector público y privado relacionados a la informalidad y comercio ilícito. 
3. Procurar la interconexión e interoperabilidad de las instituciones encargadas de perseguir el comercio ilícito. 
4. Robustecer la capacidad de inspección de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas.   

Soluciones alternativas

Resulta evidente que, previo a retomar la conversación sobre una nueva reforma fiscal, es necesario contemplar soluciones integrales y eficaces para atender la problemática que presentan la informalidad y el comercio ilícito en la República Dominicana.  

Para la sociedad civil y el empresariado es imprescindible que se verifique la voluntad política de trabajar de frente con acciones claras y contundentes para perseguir la informalidad y el comercio ilícito. Está claro que la sociedad dominicana no está de acuerdo con seguir cargando a las mismas personas y reclama soluciones que beneficien al bien común.