El retiro del proyecto de reforma fiscal por el presidente Luis Abinader fue justificado por la falta de apoyo que tuvo la propuesta. La propuesta recibió fuertes críticas y rechazo, visible en la vista pública del 17 de octubre, algunas manifestaciones, y los conocidos cacerolazos.  

Una reforma fiscal integral continúa siendo necesaria para asegurar el bienestar a largo plazo de las finanzas públicas. Actualmente, el camino es incierto, pero necesario.

Latinoamérica ha visto, en distintas ocasiones, reformas fiscales retiradas o rechazadas por el poder legislativo en los últimos años. Casos como Colombia y Chile tuvieron experiencias similares, donde una propuesta de reforma fiscal no logró ser aprobada, lo que llevo a estos países a buscar otras propuestas viables. 

Colombia:  

En abril del 2021, el gobierno de Colombia presentó ante el Congreso la Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria que buscaba financiar la crisis económica causada por la pandemia. La muy impopular propuesta provoco la Protesta del 28 de abril, una serie de manifestaciones masivas en forma de Paro Nacional, lo que llevó al eventual retiro de la reforma, y la renuncia del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

¿Qué incluía? 

Las críticas de la propuesta se enfocaron en el impacto que esta tendría en la clase media y media baja, y por una falta de conexión con la realidad de los colombianos. La propuesta buscaba recaudar un 2% del PIB, impactando mayormente a los contribuyentes personales, quienes hubiesen aportado el 74% de los ingresos generados por la reforma, comparado con solo un 16% aportado por las empresas.  

¿Qué pasó después? 

El 2 de mayo del 2021, el entonces presidente, Iván Dique, pidió al Congreso el retiro del proyecto de reforma. Sin embargo, ya el daño estaba echo.  Debido a la incertidumbre sociopolítica y económica, las calificadoras de riesgo S&P y Fitch Ratings retiraron el grado de inversión a Colombia.   

En julio del mismo año, el gobierno presentó una nueva versión de la propuesta, la cual fue consensuada previamente con distintos sectores, garantizando una mayor aceptación. Este proyecto, de menor escala, recaudando solo el 1.4% del PIB, aumentó la presión tributaria de las empresas, además de eliminar exenciones a importaciones por menos de US$200.El proyecto fue aprobado en septiembre, solo un mes y medio luego de presentado. Sin embargo, Colombia aún no ha conseguido su grado de inversiones de vuelta de S&P y Fitch. 

Chile:  

En marzo de 2023, el Congreso Nacional de Chile rechazó la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno del entonces presidente Gabriel Boric, que buscaba recaudar un 3.6% del PIB. La propuesta no logró la mayoría de votos necesarios, faltando solo 3 para haber sido aprobada. 

¿Qué incluía? 

La propuesta buscaba implementar grandes cambios estructurales, lo que incluía mayores impuestos a personas de mayores ingresos, modificaciones a exenciones tributarias e impuestos corporativos, nuevo royalty minero, incentivos a inversiones verdes y digitales, entre otros. 

¿Qué pasó después? 

Luego del rechazo, el Ministerio de Hacienda realizó acercamientos con actores sociales y partidos políticos para lograr un acuerdo que permitiera lograr un aumento en recaudaciones.  

En agosto, Boric presentó una nueva estrategia, su plan para un Pacto Fiscal, llamado Pacto por el Crecimiento Económico enfocado en tres pilares: sistema tributario moderno, priorización del gasto, mejorar la fiscalización (reducir evasión), impulsar el crecimiento, fortalecer la transparencia del estado, y un sistema de monitoreo y evaluación de compromisos. El pacto solo recaudaría un 1.5% del PIB. 

El 25 de septiembre del 2024 se aprobó una de las piezas centrales del pacto fiscal, el proyecto que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto Fiscal chileno, es decir, la iniciativa que buscar aumentar la recaudación mediante el cumplimiento de las obligaciones tributarias combatiendo la evasión y elusión.  

Aspectos en Común: 

Estos casos resaltan las complejidades de la implementación de reformas de alto impacto. Las experiencias de Colombia y Chile muestran la necesidad del consenso al momento de presentar reformas, y la importancia de considerar el impacto social en diferentes sectores de la población.